Dani Alves queda en libertad bajo fianza de un millón de euros
En una decisión reciente, la Audiencia de Barcelona ha ordenado la puesta en libertad provisional de Dani Alves, exjugador del FC Barcelona, bajo una fianza de un millón de euros. Esta medida se ha tomado mientras se resuelven los recursos interpuestos contra la sentencia que lo condenó a cuatro años y medio de cárcel por agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona. Aunque la resolución no fue unánime, la mayoría de los magistrados consideró que el riesgo de fuga de Alves se había reducido lo suficiente como para permitir su liberación bajo ciertas condiciones.
La fianza y las condiciones impuestas
Para que Dani Alves pueda salir de la prisión de Brians 2, donde ha estado recluido durante más de 14 meses, debe abonar una fianza de un millón de euros. Sin embargo, los magistrados han impuesto una serie de condiciones para garantizar su comparecencia ante la justicia y proteger a la víctima. Entre estas condiciones se encuentra la retirada de sus dos pasaportes, tanto el español como el brasileño, la prohibición de abandonar el territorio español y la obligación de comparecer ante la Audiencia de Barcelona una vez por semana.
Además, se ha establecido una orden de alejamiento que impide a Alves acercarse a menos de un kilómetro de la víctima o comunicarse con ella de cualquier manera. Estas medidas cautelares se mantendrán vigentes hasta que se resuelvan los recursos presentados por todas las partes involucradas en el caso.
La defensa de Dani Alves solicitó la libertad provisional argumentando que el jugador ya ha cumplido una cuarta parte de la pena impuesta y que no tiene intención de huir. Durante la vista en la Audiencia de Barcelona, Alves declaró a través de videoconferencia desde la prisión de Brians 2 que confía en la justicia y que no tiene intenciones de escapar. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la acusación particular se opusieron a la medida, alegando que Alves tiene los recursos económicos necesarios para huir.
Riesgo de fuga y prisión provisional
Desde el inicio de la investigación, el riesgo de fuga ha sido uno de los principales argumentos para mantener a Dani Alves en prisión provisional. Su capacidad económica y el hecho de tener la nacionalidad brasileña, que no suele extraditar a sus nacionales, han sido considerados factores de riesgo. Además, se había previsto una pena elevada por el delito de agresión sexual, lo que podría haber incentivado la tentación de escapar.
La jueza de instrucción de Barcelona ordenó el ingreso en prisión provisional sin fianza el 20 de enero de 2023, tras escuchar una declaración caótica de Alves en la que incurrió en numerosas contradicciones. Sin embargo, la Audiencia de Barcelona ha considerado que el riesgo de fuga se ha aminorado y ha permitido la libertad provisional bajo fianza.
El caso de Dani Alves ha sido objeto de recursos interpuestos por todas las partes involucradas. Tanto la Fiscalía como la acusación particular y la defensa han presentado recursos contra la sentencia que lo condenó a cuatro años y medio de cárcel. Estos recursos se encuentran actualmente en proceso de resolución por parte de la justicia.
La Audiencia de Barcelona ha decidido conceder la libertad provisional a Dani Alves mientras se resuelven estos recursos. Esto significa que la sentencia definitiva aún no ha sido dictada y que Alves podrá esperar su resolución en libertad, siempre y cuando cumpla con las condiciones impuestas y abone la fianza establecida.
La decisión de la Audiencia de Barcelona de conceder la libertad provisional a Dani Alves ha generado diversas reacciones y opiniones. Algunos consideran que el riesgo de fuga ha sido suficientemente mitigado y que es justo permitirle esperar la resolución de su caso en libertad. Otros, por el contrario, argumentan que la gravedad del delito cometido y la posibilidad de que Alves disponga de los recursos necesarios para huir hacen que esta decisión sea cuestionable.
La opinión pública se ha dividido ante esta resolución, destacando la importancia de garantizar la protección de las víctimas y la necesidad de que la justicia actúe de manera efectiva y contundente en casos de agresión sexual.
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