El asombroso caso de la colombiana que vivió 20 años con una identidad falsa en Estados Unidos
El fraude de identidad no es solo una historia de películas ni un truco de ladrones digitales. Detrás de cada caso hay vidas reales, instituciones engañadas y una sombra que se extiende sobre comunidades enteras. Así ocurrió con Lina María Orovio Hernández, una colombiana cuya estafa durante dos décadas ha sacudido tanto al sistema de Estados Unidos como a la comunidad latina. Las imágenes y pruebas reunidas por las autoridades pusieron fin a una mentira monumental, dejando en evidencia la magnitud del fraude, la audacia del engaño y las graves consecuencias legales y sociales para todos los involucrados.
Lina María Orovio Hernández no era una fugitiva cualquiera, ya que durante veinte años, adoptó una segunda vida en Estados Unidos usando el nombre y datos de otra persona, lo que le permitió cruzar fronteras, obtener empleo, solicitar beneficios sociales y hasta votar ilegalmente en elecciones. Todo comenzó con la sustracción de identidad: los papeles que obtuvo de forma fraudulenta fueron el punto de partida de un plan meticulosamente sostenido, en el que cada mentira abría la puerta a otro beneficio. La historia de Orovio Hernández no es un caso aislado, pero sí uno de los más largos, organizados y perjudiciales de los últimos tiempos.
Sustracción y uso de una identidad falsa
El primer paso fue conseguir los datos de una ciudadana estadounidense, apropiándose de su nombre y seguro social, los cuales utilizó datos para crear documentos oficiales falsos: licencias de conducir, tarjetas de Seguro Social, certificados de nacimiento y hasta pasaportes. Esta documentación fraudulenta no solo le sirvió para evitar controles migratorios, sino también para tener acceso a derechos y servicios reservados para ciudadanos o residentes legales.
Durante esos veinte años, Orovio Hernández acumuló beneficios que suman más de 133.000 dólares, según los informes de las autoridades federales. Entre estos, destacan pagos de ayuda por desempleo, acceso a servicios de salud subsidiados, seguro social y otros programas estatales. En cada solicitud, suplantó la identidad víctima para presentarse ante las instituciones como una ciudadana legítima. El fraude dejó una huella financiera en el Estado y en la verdadera dueña de la identidad, quien tuvo que enfrentar deudas y reclamaciones de servicios que nunca solicitó.
Fraude electoral y falsificación de documentos oficiales
El alcance del delito de Orovio Hernández no terminó en la obtención de beneficios económicos, ya que el fraude incluyó participación en procesos electorales estadounidenses, un delito federal de extrema gravedad.
Con la identidad robada, logró registrarse como votante en varios estados, la cual le permitió participar en distintas elecciones locales y federales usando una identidad que debía proteger el sistema democrático, pero que, en este caso, se convirtió en su herramienta principal de engaño. Cada voto emitido de forma fraudulenta puso en jaque la legitimidad de los comicios y mostró las brechas en los controles de registro electoral.
El proceso para fabricar y conseguir documentos oficiales fue sofisticad, porque Lina María presentó actas de nacimiento alteradas y comprobantes de seguridad social, lo que le permitió solicitar y renovar pasaportes y licencias de conducir en diferentes estados. Cada documento emitido bajo el nombre falso reforzó el ciclo del fraude y aumentó la dificultad para ser detectada. Las implicaciones legales de estos actos federales incluyen cargos severos y castigos ejemplares.
Sanciones legales y consecuencias del delito federal de robo de identidad
Por el robo de identidad y la falsificación de documentos oficiales, la ley establece condenas que pueden superar los 10 años de prisión. El fraude en la obtención de beneficios puede sumarse con otros 5 a 7 años de condena, dependiendo del monto involucrado. Participar ilegalmente en procesos electorales y usar números de seguro social ajenos puede ser sancionado con hasta 5 años de prisión y multas que van desde 50.000 a 250.000 dólares por cada cargo probado.
Por otro lado, la mujer se enfrenta una larga pena de cárcel, pero las consecuencias van más allá, ya que al ser ciudadana extranjera, podría enfrentar la deportación inmediata al final de su condena. La magnitud del fraude dificulta cualquier posibilidad de obtener la residencia legal en el futuro, cerrando las puertas a cualquier aspiración de regularización en Estados Unidos. Su nombre también quedará mancillado, afectando su reputación en ambas orillas del continente.
