Un niño de cuatro años, Lucca, apareció muerto en una playa de Almería, España a comienzos de diciembre de dos mil veinticinco. Desde entonces, el foco está en dos adultos detenidos, su madre y su padrastro, que ingresaron en prisión provisional.
Según la información judicial y el atestado citados por la prensa, el cuerpo de Lucca fue hallado el tres de diciembre en un búnker o caseta junto a la playa de Garrucha. Los primeros datos publicados sitúan la muerte en un tramo horario cercano a esas horas, siempre con la cautela de que el sumario está bajo secreto y no todo el material es público.
El seis de diciembre, la madre (identificada por las iniciales publicadas) y el padrastro ingresaron en prisión provisional sin fianza. El auto de prisión, según se ha difundido, atribuye al hombre delitos más graves, entre ellos agresión sexual, además de malos tratos y el quebrantamiento de una orden de alejamiento. La investigación la llevan Guardia Civil, Fiscalía y un juzgado de instrucción de la zona.
Hasta el dieciocho de diciembre y lo publicado después de esa fecha, no constan novedades públicas verificadas que cambien estas decisiones iniciales.
El hallazgo del menor y las señales de alerta previas que describen vecinos
En informaciones recogidas por medios y en referencias al auto judicial aparecen moratones previos y un contexto de posible maltrato. También se menciona una orden de alejamiento, un detalle que importa porque habla de riesgo conocido.
Estas señales no son morbo, son contexto. Sirven para entender si falló la protección del menor y si alguien miró hacia otro lado cuando ya había avisos.
La versión del “ritual yoruba” y por qué no sustituye a la investigación forense
La defensa del padrastro ha planteado en prensa que la muerte pudo deberse a un problema estomacal o a un “brebaje” vinculado a creencias, y que todo encajaría con una especie de “sanación” que salió mal. También ha pedido localizar a un supuesto curandero y ampliar análisis digestivos.
El problema es simple: un ritual no es una prueba. En un caso penal mandan la autopsia, la cadena de custodia, los informes periciales y la coherencia de los relatos. Y, según lo publicado a partir de informes preliminares citados por la prensa, la autopsia recoge lesiones internas muy graves (como desgarro hepático y politraumatismo abdominal) y una agresión sexual con penetración.
Qué es la religión yoruba
La tradición yoruba, en términos sencillos, es una religión con orishas, rezos, cantos y ofrendas orientadas al equilibrio y la protección. No es un comodín para justificar delitos.
De hecho, un santero citado por la prensa niega que “eso” sea santería y lo califica como asesinato. Ese rechazo interno importa porque frena el estigma fácil y pone el foco donde toca: en los hechos investigados.
Fallos de protección infantil
Más allá del juicio, queda una pregunta incómoda: si había señales, ¿por qué no se cortó el peligro a tiempo? Se habla de contactos previos con Servicios Sociales y de averiguaciones de Fiscalía en meses anteriores, y de la necesidad de revisar cómo fluyen los avisos entre escuela, sanidad y protección social.
Una orden de alejamiento no puede convertirse en coartada para no llevar a un menor al médico si hay lesiones o síntomas. Cuando la coordinación falla, el sistema se convierte en un paraguas roto, parece que cubre, pero deja pasar el agua.
Es importante resaltar que la protección infantil exige reaccionar ante señales tempranas, sin excusas ni demoras. Y el debate público no debe usar religiones o comunidades como diana fácil. Si sospechas maltrato, lo responsable es pedir ayuda cuanto antes por los canales oficiales y dejar que la investigación haga su trabajo.
Ver esta publicación en Instagram
